REFORMA URGENTE DEL PODER JUDICIAL, DE LA POLICÍA NACIONAL Y DEL SISTEMA PENITENCIARIO

  • Municipalizacion de la Seguridad ciudadana.
  • Asignar la responsabilidad de la seguridad ciudadana a un funcionario elegido democráticamente, reduciendo el ámbito geográfico de actuación policial.
  • Asignar a las Alcaldías Distritales mayores competencias en el tema de la seguridad ciudadana. Por ejemplo formular las políticasde seguridad en sus jurisdicciones.
  • Dotar al servicio de Serenazgo de mayores atribuciones, integrándolo a la PNP.
  • Implementar en los Municipios oficinas de Defensoría de la PNP y del Ministerio Publico.
  • Reforma eficiente del Consejo Nacional de la Magistratura.
  • Nombramiento de jueces y magistrados por el Congreso del Perú, previa consulta del Consejo nacional de la Magistratura y el Colegio de Abogados del Perú, poniendo énfasis en el componente moral y ético del magistrado.
  • Mejor control de la política de adquisiciones y contrataciones del Poder judicial.
  • Lucha frontal contra con la corrupción de jueces y magistrados: control directo de la Contraloría y posibilidad de denuncia directa al pool anti-corrupción.
  • Participación activa de la población y ONGs en las campañas anti-corrupción.
  • Nombramiento de jueces y fiscales, y fin de la calidad de jueces suplentes o provisionales.
  • Mejor apoyo y protección a los jueces para que puedan ejercer su labor en toda imparcialidad y seguridad.
  • Títulos de abogado otorgados sólo por el Estado con exámenes organizados por Comisiones multidisciplinarias.
  • Tratamiento de procesos judiciales según el principio de celeridad, con plazos determinados para los actos procesales y las resoluciones de justicia.
  • Reforma del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
  • Reforma del sistema carcelario y de las formas de ayuda judicial para los acusados, principalmente mejora de la asistencia judicial.
  • Prioridad al uso de penas alternativas a las privativas de la libertad.
  • Medidas tempranas de prevención de la delincuencia juvenil.
  • Centros de readaptación especializados para la delincuencia juvenil de 16 a 20 años.
  • Fomento a la reinserción social de inculpados a través de programas de trabajo dentro o fuera del penitenciario.
  • Clara separación entre Centros de detención preventiva y Penitenciarios.
  • Implementación de cuatro tipos de formación dentro de los penitenciarios: educación primaria y/o secundaria, cocina y repostería, albañilería e imprenta.
  • Instauración del sistema de 1 día de libertad por 1 día de formación profesional.
  • Instauración del sistema de defensa del acusado con un abogado de oficio en las primeras 24 horas de la detención.
  • Instauración del sistema del Juez de la detención preventiva quien deberá decidir en un plazo de 24 horas, sobre la base del expediente del juez instructor, la detención o la libertad del acusado.